Enrique Ortega Salinas.Uy

 

Lacalle, el perro negro y el perro rojo


Lacalle Pou
Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS

Es más fácil engañar a las personas

que convencerlas de que han sido engañadas.


Mark Twain

 

Hay quienes se niegan a ver la realidad; a veces, porque un programa mental de autodefensa de su orgullo se lo impide, y otras, porque cada uno termina creyendo lo que quiere creer para fabricar su bienestar espiritual en un mundo ficticio. En política, y luego de que ciertos hechos se reiteran, la culpa deja de ser del que miente y pasa a ser del que le cree.

El gobierno puede jactarse de ser cristalino; pero eso no cambia la realidad, y esa realidad nos dice que el trato con Katoen Natie, por el cual se le concedió un monopolio por doce períodos de gobierno, se hizo a oscuras y sin consultar ni siquiera a los miembros de la misma coalición. Podrán negar que se trate de un monopolio y usar términos como “exclusividad” o “preferencia”; pero lo pautado es un monopolio, aquí y en la China.

Esa misma realidad nos dice que hasta Naciones Unidas ha enviado una misiva al Senado señalando que la tentativa de modificar la Ley de Acceso a la Información Pública, por medio de la Ley de Rendición de Cuentas, es “regresiva e innecesaria”.

Tampoco es muy cristalina la contratación que en diciembre hizo el Mintur a la empresa estonia Kirma por 280.000 dólares para campañas digitales, ya que, de acuerdo a lo indagado por Búsqueda, es prácticamente una empresa fantasma. La información aportada al Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) es escasa; la dirección dada al Mintur no coincide con la documentación oficial, el correo electrónico no recibe mensajes, nadie responde en el número telefónico, la sede es una oficina de cowork en alquiler, Cardoso dijo que tenían oficina en Montevideo (lo que fue negado por un media manager de Kirma) y, por si fuera poco, su cuenta bancaria está radicada en Panamá. Con todo, el Ministerio de Turismo aceptó contratar a Kirma Services en forma directa. Afortunadamente, la misma empresa desistió del convenio apenas comenzó a ser investigada.

La coalición podrá acusar a los gobiernos precedentes de haberse expuesto a juicios; pero lo cierto es que los gobiernos frenteamplistas no se rendían sin luchar como ha hecho el actual, al ceder a la empresa belga el monopolio mencionado solo porque esta amenazó con una demanda por 1.500 millones de dólares. Lo mismo sucedió con la empresa Multiseñal (Multicanal SA), la que también amenazó con un juicio y el gobierno, tras un acuerdo extrajudicial, le regaló 2,5 millones de dólares pese a que los informes de la Ursec y de la Dinatel señalaban que el reclamo carecía de fundamento. La empresa Multiseñal no tenía la más mínima posibilidad de ganarnos un juicio; pero el gobierno claudicó y le obsequió una fortuna.

Claro, es muy fácil ser generoso con dinero ajeno, tal como dijo poco tiempo atrás Luis Lacalle Pou. Muy distinta fue la actitud de los gobiernos frenteamplistas cuando Philip Morris y Aratirí demandaron al Estado uruguayo. El gobierno se defendió y ambos demandantes perdieron; y eso que Aratirí (que pretendía 3.536 millones de dólares) contaba con el apoyo de Isaac Alfie, actual director de la OPP.

Lacalle podrá decir que no permitirá que sus funcionarios estén a ambos lados del mostrador; pero desde que Mercedes Aramendía (que ocupó un alto cargo en Movistar) y el ingeniero Gabriel Gurméndez (que trabajó para empresas de Carlos Slim) están al frente de la Ursec y Antel, las empresas privadas Movistar y Claro se han beneficiado notoriamente. Aramendía rebajó de manera drástica las tarifas por el uso de la red de Antel, lo que implica una renuncia a 6.500.000 dólares en perjuicio de la telefónica estatal; mientras que la decisión de Gurméndez de que Antel no ofrezca contenidos beneficia directamente a las empresas mencionadas, quitándoles de encima a Antel como competidora.

Todos ellos podrán tratar de convencernos de que importar combustible sale más barato que refinar el crudo; pero de acuerdo a un informe elevado en febrero al Poder Legislativo por parte de un comité de expertos creado por el propio gobierno, en 2019 Uruguay ganó 8,4 dólares por barril de petróleo por refinar en lugar de importar, lo que tal como explicó el senador Alejandro Sánchez, implica unos 125 millones de dólares, ya que refinamos 15 millones de barriles por año.

Resultó patético ver en televisión a periodistas intentando convencer al Pacha de que Lacalle incumplió su promesa de bajar el precio de los combustibles porque hubo una pandemia o ver a Leonardo Haberkorn quejándose del costo del combustible por causa del subsidio al portland (0,12%) y no del aumento del Imesi decretado por Lacalle pese a su discurso de campaña.

Lacalle podrá decir (y lo hizo) que elige a los mejores para cada cargo; pero no es lo que parece haber sucedido con Pablo Bartol (a quien sacó del Mides) o con Germán Cardoso (a quien sacó del Ministerio de Turismo) ni con innumerables jerarcas cesados por él mismo. Otros han caído por decisión del Poder Judicial y otros más por presión política, siendo el caso más reciente el de Luis Alberto Martínez Menditeguy, presidente de la Junta Departamental de Durazno, que debió renunciar luego de que se filtrara un audio en que amenazaba a la edila nacionalista Daniela Moreira para que asistiera a la Junta a votar el presupuesto departamental, advirtiéndole que provocaría su salida del cargo que esta tiene en el Mides. “Yo te estoy avisando como amigo, nada más: te quedás sin Mides”. “Vos acá sos la edil, yo te aviso. El que avisa no traiciona. Vos sos mayorcita, ya sabés”.

Poco después, en la sesión de la Junta, se refirió a ella diciendo: “Es mongólica esta gurisa”, lo cual quedó registrado en video y fue él quien perdió el cargo.

Los defensores del gobierno podrán decir que durante la campaña electoral se adelantó a la ciudadanía lo que contendría la LUC; pero lo cierto es que nada dijeron de los desalojos exprés ni de los recortes de políticas sociales, de lo contrario, jamás hubieran ganado las elecciones.

El presidente podrá jactarse frente a periodistas extranjeros sobre el éxito de su gestión en lo económico; pero lo cierto es que los trabajadores públicos han perdido 12% de poder adquisitivo desde que él gobierna y que también se afectaron las jubilaciones y pensiones, que se ajustan por el Índice Medio de Salarios.

Heber se podrá ufanar de que fueron las gestiones del Guapo y la propia la causa de la baja de la criminalidad; pero lo cierto es que en el 90% de los países de América los crímenes descendieron, no por la genialidad de sus ministros, sino por efecto de la pandemia, tal como detallamos en nuestra nota “Crimen y castigo” basándonos en el balance anual de homicidios realizado por InSight Crime.

Los empresarios más poderosos que apoyan a Lacalle podrán negar la lucha de clases y su condición de oligarcas, pero la propuesta de la Cámara Empresarial, elevada al presidente, de contratar con salarios por debajo del laudo, los deja al descubierto. La inmoral argumentación (felizmente rechazada) es típica de los neoliberales: si bajamos los salarios aumenta el empleo. Obviamente, si paraguayizamos la economía, vendrán muchos negreros a invertir en nuestro país; pero no es lo que merecen los orientales.

¿Por qué no plantean bajar un poco el margen de ganancia de los de arriba en lugar de quitarle a los que tienen menos? Con lo que les cuesta uno solo de sus vehículos o lo que gastan en uno de sus viajes a Europa pueden pagar todo un año de salarios a unos cuantos trabajadores; pero tienen tanto descaro que no solo proponen pagar el 70% de lo que marcan los laudos, sino que plantean no pagar despidos. Para el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, pagar sueldos altos limita el empleo; pues yo digo que cuando la diferencia entre la ganancia del empresario y la ganancia de sus empleados es extrema, aumentan la explotación, la desigualdad social y la concentración de la riqueza.

La riqueza se produce en conjunto; por un lado, está el inversor (quien generalmente es el dueño de los medios de producción) y por otro los que aportan mano de obra. No me parece mal que el empresario gane más que sus empleados; pero cuando pretende ganar más que 50 de ellos juntos, creo que debemos sentarnos a conversar. Este sistema abusivo ha permitido, a través de los siglos, que el empresario crezca de manera vertical mientras sus empleados sobreviven de manera horizontal, siempre endeudados, siempre esperando que llegue el día de cobro para ponerse al día y comenzar a atrasarse nuevamente a partir del día siguiente, pagando su vivienda durante 30 años y saltando de una financiera a otra solo para ir tapando agujeros.

Los blancos podrán autodenominarse “defensores de las leyes”; pero ningún otro partido las ha pisoteado tanto a través de la historia como ellos; y si quieren ejemplos, los invito a leer nuestra nota anterior: “Tiempo de bandidos”.

Últimamente la han emprendido contra los sindicatos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Guillermo Domenech, senador por el partido militar Cabildo Abierto, no ha ahorrado descalificaciones contra esta institución a la que intenta abolir, lo cual es lógico, ya que el partido de Guido Manini Ríos es el que más ha defendido a los represores. El exministro del Interior Jorge Larrañaga también cuestionó al Inddhh y señaló que no prestaría atención a sus recomendaciones. Durante su gestión se multiplicaron los casos de abuso policial.

Pese a todo, aún hay votantes que se niegan a ver la realidad, o quizá solo se nieguen a admitir la tremenda metida de pata que se mandaron con su “está bueno cambiar”.

Una de nuestras lectoras, Gabriela B., ha escrito algo que rescato como corolario de esta nota: “Si me muestran un perro negro y me pueden convencer de que es rojo ante mis propios ojos, entonces hay algo en mí que no está funcionando”.

Nada que agregar.

Contamos con los permisos del autor de las notas y de la revista Caras y Caretas

Tiempo de bandidos

El derrotero de la coalición, subordinada al herrerismo, en poco menos de un año y medio ha sobrepasado los límites de lo turbio, patético, abusivo y escandaloso. Los medios afines minimizan lo que pueden; pero tampoco pueden hacer milagros.
Ya nadie habla del exintendente de Soriano Agustín Bascou, condenado a cinco años de inhabilitación para ejercer actividades comerciales y/o manejar bienes propios o ajenos. En 2020 fue formalizado por haber vendido ganado que se encontraba prendado debido a un proceso concursal y renunció al Partido Nacional.
También de Soriano y del Partido Nacional era Ángel Humberto García Francia, destituido del BPS en 2015 por ineptitud para el ejercicio del cargo, ya que había tramitado jubilaciones de manera fraudulenta. El escándalo no le impidió volver a ser edil por dicho partido mucho tiempo después. Entre bomberos…

En noviembre fue formalizado el exdiputado por Colonia Edmundo Roselli (Partido Nacional) por cuatro libramientos de cheques sin fondo y nueve violaciones a la ley de prendas.

En abril de 2020, la Policía de Salto realizó un operativo para desarticular una banda de abigeos y comprobó que tanto el alcalde del Municipio Rincón de Valentín (por el Partido Colorado) como su hijo eran integrantes de aquella. ¿Grandes titulares? ¡Naaah! Ni lo sueñes.

Ya nadie recuerda el caso del diputado suplente Nicolás Ortiz (Ciudadanos) que fuera imputado en mayo de 2020 por explotación sexual de menores en el marco de la Operación Océano. También se olvidó rápidamente que, en julio de 2020, la Junta Departamental de Río Negro aprobó el pase a la Fiscalía de Fray Bentos y a la Jutep de las actuaciones en torno a las acciones del diputado blanco Omar Lafluf, ya que cuando era intendente compraba combustible en forma directa en una estación de servicio perteneciente a su propio hermano y al arquitecto Guillermo Bordoli, director de Obras de la intendencia y que también fuera candidato a diputado por el Partido Nacional.

En Artigas, Pablo Caram (Partido Nacional) fue reelecto, pese a estar pendientes de resolución judicial las denuncias por corrupción, nepotismo e irregularidades en licitaciones; pero ya pasó, no es tema para los grandes medios. Entre las acusaciones, figura la de beneficiar al constructor Rodrigo Jiménez. Ahora, tenemos documentos que demuestran que una de las empresas del constructor tiene como contacto (entre los datos fiscales) a Felipe Caram, hijo del intendente, cuyo estudio contable (Guruciaga) le llevaba la contabilidad a Jiménez, ganador de varias licitaciones. Para colmo, el socio de Felipe es Martin Guruciaga… ¡director de Hacienda de la intendencia de Pablo Caram!

Igual de rápido dejó de ser noticia el exedil del Partido Colorado y candidato a diputado en 2019 por el Partido de la Gente, Mauricio de Benedetti, condenado en agosto de 2021 por haber contrabandeado 25.000 cajillas de cigarros, traídos en lancha desde Argentina por el río Uruguay. El operativo realizado por personal de la Armada Nacional se realizó en el campo del político en Paysandú, quien intentó huir junto a otros cómplices, siendo detenido junto al propietario de la embarcación y otra persona que manejaba un tractor para trasladar la mercadería. Los disparos de los marineros no pudieron evitar que otros huyeran.

En Lavalleja, la Junta Departamental derivó a la Justicia el caso del edil Javier Urrusty, quien en el mes de febrero pretendió estafar a la Junta Departamental pasando boletas de combustible por un viaje realizado en su vehículo desde José Pedro Varela a Minas, cuando en realidad viajó en el vehículo de una colega. El edil logró su banca (ahora perdida) por medio de la lista 58 del Partido Nacional, la lista del actual intendente.

Lo más bochornoso es el monto de dinero por el cual una persona arriesga su posición y reputación; pero cosas peores han de pasar. Ni siquiera fue noticia.

Tres ediles de tres departamentos diferentes (todos del Partido Nacional) fueron condenados en agosto por la Justicia: Óscar Daniel Fracuelli Fernández (de Mercedes), condenado por “dos delitos de atentado violento al pudor, ambos en reiteración real”, delito cometido contra su hijastra desde que tenía siete años; el edil blanco Darwin Correa (de Maldonado), condenado por “lesiones personales dolosas” tras agredir al edil frenteamplista Nelson Lages en la Junta Departamental y un exedil blanco (de Paysandú) cuyo caso fue informado por Subrayado, sin dar el nombre, por haber agredido a puñetazos y puntapiés a su expareja.

En febrero de 2021, Pablo Gallo, que fuera edil por el Partido Colorado en Maldonado, fue condenado a 12 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba por haber maniobrado con terrenos en La Juanita. El político colorado tenía antecedentes por contrabando (1997), violencia doméstica (1999) y violencia privada (2012). Protagonizó otros escándalos, como el intento de evitar pagar una multa cuando conducía borracho y la agresión al edil frenteamplista Roberto Airaldi. Por los mismos días fue procesado el edil suplente del Partido Nacional Santiago Pettuto, por agredir a funcionarios de la Intendencia de Durazno por no cargarle nafta gratis.

En octubre, en Cerro Largo, Pablo Cáceres Pereira, que encabezaba la lista 195 del Partido Nacional a la Junta Departamental, fue enviado a prisión por amenazar, agredir y lesionar a su pareja. El dirigente ya tenía un antecedente penal por apropiación indebida. A fines de noviembre murió Ariel Blanco, quien conducía una moto llevando a un acompañante y fue embestido por el vehículo del edil del Partido Nacional Hugo Suárez, quien tenía, exactamente, el doble de alcohol en la sangre que el diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz, a quien se le requisaría el auto en diciembre por conducir con 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre. Al principio se negó a que le realizaran la espirometría, metiendo por delante su condición de diputado; pero finalmente pudieron hacerla.

A fines de marzo, en Dolores, el arquitecto y alcalde por el Partido Nacional Juan Andrés Oronoz (apoyado pública y fervorosamente por Sergio Puglia) fue condenado por haber contactado a un menor para obtener fotografías de contenido sexual por WhatsApp. También era del Partido Nacional el presidente de la Junta de Cerro Largo, Gustavo Viera, condenado en diciembre por pagar a un menor de edad para tener sexo.

Ya no se habla de que, en setiembre de 2020, el general (r) Guido Manini Ríos (que había prometido no ampararse en ninguna clase de fueros) tras ser convocado por la Justicia por no haber informado los crímenes confesados por un camarada de armas ante un tribunal de honor, se atrincheró en su banca.

Eso sí, ha vuelto a saltar un tema publicado por Caras y Caretas en agosto del año pasado. En abril de 2020, el diputado Gerardo Núñez Fallabrino elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior con relación al Servicio de Seguridad Presidencial; pero jamás obtuvo respuesta. El hecho es que el jefe del SSP, Alejando Andrés Astesiano Severgnini, habría sido procesado por estafa en el año 2002 y tiene no menos de 30 anotaciones por delitos de estafa, hurto y apropiación indebida, habiendo dado buen trabajo a innumerables reparticiones policiales.

Y aparte, esto…
Raúl Batlle (hijo del expresidente) dice que nunca le interesó la política ni tuvo aspiraciones políticas ni sabe cómo funciona el Parlamento, cosa que cuenta riéndose ante las cámaras. Que alguien me explique, como si fuera un niño de cinco años, por qué y para qué el Partido Colorado lo puso de senador. Mientras los apellidos sigan teniendo peso en las decisiones, tendríamos que dejar de vanagloriarnos de nuestra cultura cívica.

La coalición saca chispas por todas partes. Cabildo Abierto ha pedido la destitución de Sandra Etcheverry, representante del Partido Nacional en el directorio del Inisa.

Ni en el minúsculo Partido de la Gente hay paz. Edgardo Novick impugnó ante la Corte Electoral la elección del diputado Daniel Peña como presidente de tal agrupación. Peña es el mismo que continuó construyendo una vivienda en Punta Ballena de manera irregular pese a que se había dispuesto la detención de la obra. A diferencia de lo que se hizo con Óscar Andrade, su caso pasó como una golondrina por los medios de comunicación.

En menos de un año y medio, los que estaban preparados para gobernar han tenido cinco cambios en el gabinete. Uno no cuenta, ya que se ocasionó por el fallecimiento de Jorge Larrañaga, dejando la cartera del Interior a Luis Alberto Heber, que venía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de defender los intereses de la empresa belga Katoen Natie. Ernesto Talvi, del Partido Colorado, “renunció” el 1° de julio de 2020 al Ministerio de Relaciones Exteriores. En realidad, el presidente aceleró su alejamiento un nanosegundo después de que el canciller se pusiera a husmear en los gastos de la CARP y la CARU, que manejan más dinero que todo el ministerio. Curiosamente, los medios hegemónicos nunca comentaron nada de semejante coincidencia.

El 1° de mayo de este año Lacalle cesó a Pablo Bartol, titular del Mides. El 27 de junio cayó acribillado por fuego amigo Carlos María Uriarte, quien debió renunciar por exigencia del Partido Colorado, al cual pertenece. Tanto Uriarte como Talvi eran figuras del sector Ciudadanos y Sanguinetti se los comió en dos pancitos.

El 20 de agosto “renunció” Germán Cardoso al Ministerio de Turismo y en su lugar asumió Tabaré Viera, exintendente de Rivera y senador por el Partido Colorado, que debe saber de turismo lo mismo que yo de microbiología. La debacle de Cardoso comenzó cuando destituyó al director Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, por entorpecer la gestión del ministro; pero este ventiló que las diferencias surgieron cuando se negó a aprobar con su firma compras directas de publicidad de manera irregular.

Las remociones continúan batiendo récords. El ministro del Interior sustituyó hace unos días a los directores de las cárceles de Libertad, de Mujeres, Punta Rieles y del Polo Industrial Santiago Vázquez. No cuestionamos la decisión de Heber; pero es llamativa la cantidad de renuncias, cambios y destituciones realizadas por este gobierno en tan poco tiempo.

Como sea, por lo menos una de esas destituciones ha generado una razonable inquietud periodística y es la de Omar Vera, quien había asumido la dirección de la Unidad 6 de Punta Rieles del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en marzo de 2021 y elevó a la dirección del INR los resultados de una investigación sobre el tráfico de drogas en esa unidad. Las medidas adoptadas por Vera para combatir las ilicitudes (requisas, cierre de emprendimientos productivos utilizados para actividades irregulares, prohibición de entrada de determinados alimentos y aumento del control en las visitas) terminaron en un conflicto con los reclusos, que reclamaron su destitución. La exigencia se planteó al director del INR, Luis Mendoza (a quien Vera había elevado el informe) y al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González. No mucho después se cumplen las aspiraciones de los internos. La pregunta es si todo “volvió a la normalidad” y ahora pueden traficar sin ser molestados.

Por si fuera poco, Vera presentará una denuncia por homofobia contra el director de Seguridad Santiago González, argumentando que ese el verdadero motivo de su remoción.

En tanto, la motosierra no para. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) dispuso el cierre de Timbó Biblo, una plataforma que permitía a los universitarios acceder a libros y otros elementos digitales didácticos. También se rescindió el contrato del Mides con los cubanos que hacían prótesis de brazos, piernas, zapatos especiales y sillas de ruedas para personas sin recursos. Cuba proporcionó profesionales que solo entre 2015 y 2019 realizaron 15.000 intervenciones en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (Cenatt).

Tenía razón Gustavo Zubía: se terminaron el amor y la solidaridad. Ese tiempo ya pasó. Este es el tiempo del herrerismo.






El mismo amor, la misma lucha



20210728/Pablo Vignali/ URUGUAY/ MONTEVIDEO/El presidente de la República Luis Lacalle Pou, concurrió a la mutualista Círculo Católico, donde le administraron la tercera dosis de la vacuna Pfizer contra la Covid-19, en Montevideo. En la foto: Luis Lacalle Pou, luego de recibir la tercera dosis contra la Covid-19. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS


“Este año con récord de ingresos en exportaciones de carne y soja, ¿no les aumentaron?¿Y el maldito derrame?”
Gustavo Daniel Crepo (Facebook, con relación a la marcha de peones prevista para el 15 de setiembre)


La alianza entre los partidos políticos de derecha y los medios hegemónicos de desinformación, ambos sectores supeditados al suprapoder, es cada día más evidente. Ya no ocultan ni disimulan sus planes e intenciones.
Desde el programa Santo y Seña, tanto el conductor como sus colaboradores, promueven el cierre de ALUR, tratando de idiotas a los uruguayos por tenerla. Desde el diario El País, casi no hay semana en que no se arremeta con virulencia contra los representantes sindicales de los trabajadores, sobre todo y casualmente contra los de aquellas empresas públicas que el herrerismo intenta privatizar o cerrar para que sus amigos inversores se apoderen del botín.

¿No es lo mismo?

En el marco de esta embestida, los medios le dedicaron tres semanas a Óscar Andrade por estar construyendo su vivienda de manera irregular. ¿Estuvo mal? Claro que sí; metió la pata y que pague las multas que deba pagar. Ahora, resulta que el recientemente designado presidente del Partido de la Gente, diputado Daniel Peña, se estaba construyendo su casa de manera irregular en Punta Ballena; pero la noticia apenas dio para un par de días y no ameritó un editorial de El País como sí se hizo en honor al Boca. La diferencia no estaba en la gravedad de los hechos; sino en que Óscar no es miembro de la coalición gobernante. La verdad es que no es tan grave ni lo de uno ni lo del otro. Está mal; pero tampoco es para fusilarlos en la plaza pública. Pero la importancia de uno y otro hecho lo deciden los titiriteros de los periodistas y analistas que operan para la derecha.

Si las amenazas de tinte mafioso proferidas por la vicepresidente Beatriz Argimón contra Fernando Cristino las hubiera realizado Raúl Sendic en su momento, todavía le estarían dando palo; y si Yamandú Orsi o Andrés Lima hubieran hecho lo que hizo Carlos Moreira en Colonia, no les darían un minuto de respiro en los medios hegemónicos, mientras que Nacho Álvarez desplegaría a un ejército de investigadores en Canelones y Salto para descubrir alguna otra víctima de acoso sexual por parte del intendente. Y si, pese al escándalo, el Frente Amplio aceptara a uno de ellos que se presentara a las elecciones (pese a haber sido expulsado) usando el lema del partido, ¡mamma mía! Y si hubiera sido Raúl Sendic quien en plena crisis gastara 18.000 dólares en dos cuadros, y no Beatriz Argimón, se dedicarían programas enteros a investigar sus vínculos políticos, comerciales y personales con el pintor.

Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Tribunal de Cuentas y el BROU observaron las compras directas realizadas por el Ministerio de Turismo en publicidad; pero no es noticia. Tampoco dio para mucho que tanto la Jutep como el TCR observaran la contratación que hizo la Intendencia de Rocha a la Fundación A Ganar por ser evidente que se trató de negocios entre familiares. Entre blancos, bah.

El abogado de Katoen Natie, Augusto Antonio Durán Martínez, integra el Comité de Ética del Partido Nacional y fue subsecretario de la Presidencia durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera; pero no es escandaloso y ningún medio de derecha ha mencionado nada al respecto.

En Mercedes, un exedil blanco, padrastro de una niña, y el abuelo paterno, fueron condenados por abusar sexualmente de ella desde que tenía siete años. El político blanco Óscar Daniel Fracuelli Fernández, fue condenado por “dos delitos de atentado violento al pudor, ambos en reiteración real”, mientras que su esposa fue condenada por “un delito continuado de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”.

En Paysandú, a mediados de agosto, otro exedil blanco fue condenado; en este caso, por haber agredido a puñetazos y puntapiés a su expareja. La noticia fue pasada por un canal capitalino; pero omitiendo el nombre del condenado.
Días después, en Maldonado, el edil blanco Darwin Correa fue condenado por “lesiones personales dolosas” tras agredir al edil frenteamplista Nelson Lages por cuestiones políticas en la Junta Departamental. Las cámaras no dejaron lugar a discusión sobre quién fue el agresor. ¿Y si hubiera sido al revés? ¿Acaso no estarían repitiendo las imágenes con tanta insistencia como las del “asesino de La Pasiva”? ¿No harían programas completos dedicados al análisis de la violencia izquierdista que padece nuestro país? ¿Y si los violadores de la criatura hubieran sido frenteamplistas?

¿Y si hubiera sido el Frente Amplio que hubiera contratado a la fundación Uruguay Adelante y se descubriera que se entregó comida podrida a una olla popular? ¿Y si hubiera sido la exministra de Turismo frenteamplista, y no Germán Cardoso, quien hubiera comprado en forma directa a la papelería Folder un rollo de papel higiénico por 198.128 pesos? ¿Y si el Pepe nos hubiera pasado como gastos de Presidencia 47.000 pesos mensuales por concepto de manutención de Manuelita?

Llegan los blancos al poder y los radares, para alegría de los narcos, dejan de funcionar. Culpan al Frente Amplio, por supuesto, pero el Ministerio de Defensa gastó 377.000 dólares en contratar en forma directa a la empresa ITBS desde el 23 de abril de 2021 para mantenerlos y el Frente Amplio hace un año y medio que nada tiene que ver con este asunto. ¿Dónde quedó lo de “hacerse cargo?

¿Es lo mismo?

Fernando Pereira es ahora un doble objetivo de estos operadores, porque no solo es dirigente sindical, sino que puede llegar a ser presidente del Frente Amplio, el partido político más grande de Uruguay, tanto, que cinco partidos tuvieron que unirse para ganarle raspando. La derecha y sus peones buscarán destrozarlo en cualquiera de ambos roles.

Durante el programa Esta boca es mía, en canal 12, el panelista de derecha Fernando Marguery intentó descalificar al Pit-Cnt y a todo el Frente Amplio diciendo: “Están luchando contra un modelo que es el que ganó y no lo dejan caminar”. “Es poco democrático no dejar caminar al que ganó, lo cual me confirma a mí que dentro del Pit-Cnt y dentro del FA hay fuerzas totalitarias”.

Asombrado, Fernando Pereira contestó: “¿Sabe cuál fue el año de menos conflictividad de los últimos 25 años? El año pasado. ¿Y ellos dicen que les ponemos palos en la rueda? ¡Pero no estudian lo mínimo! Hay que estudiar un poquito la realidad, analizarla; no tirar bolazos al aire”.

«Para mí es lo mismo el Pit-Cnt y el FA. Para mí es lo mismo».

«¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando nos declararon la esencialidad de la educación, no la aceptamos y fuimos a la huelga. 17 paros generales en 15 años de gobierno».

Parece que para Marguery, la democracia implica que la oposición se cruce de brazos mientras el gobierno hace cualquier desastre y los trabajadores acepten en silencio que les rebajen el salario real y el poder de compra mientras los gobernantes se aumentan los sueldos y hacen grandes negociados. En su planteo, ningún legislador debería oponerse a un proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo y nadie que esté en contra de algunas medidas debería ejercer los derechos que le confiere la Constitución. A Marguery, como a todo derechista, le molesta que los trabajadores se unan para reclamar mejores condiciones laborales y más justicia social. Le indigna (no lo oculta para nada) que un trabajador pueda llegar a presidir al Frente Amplio; pero no le molesta cuando los grandes empresarios llegan a puestos políticos relevantes. No le molesta la Federación Rural; le rechina el Sipes (Sindicato de Peones de Estancia).

No fue casual que por esos mismos días el senador blanco Sebastián Da Silva dijera que «El FA y el Pit-Cnt son la misma cosa».

La verdad es que no somos lo mismo; pero estamos haciendo los mejores esfuerzos por lograrlo. Tenemos los mismos sueños, cantamos las mismas canciones, andamos los mismos caminos y nuestras lágrimas y risas siempre fueron hermanas.

¡Qué bueno que los trabajadores tengan un partido que lucha por sus mismos objetivos! ¡Qué bueno que exista un partido con innumerables militantes que sufrieron cárcel, torturas y muerte por defender los mismos principios que el movimiento sindical! ¡Qué bueno que un albañil, Óscar Andrade, sea nuestro senador más brillante! ¡Qué bueno que gracias al Frente Amplio y el Pit-Cnt, trabajando en conjunto, hayamos logrado el fin de la explotación laboral a que estaban sometidos los trabajadores rurales, logrando el régimen de ocho horas, aun cuando un tal Luis Lacalle Pou estaba en contra y pretendía continuar con aquel sistema que tenía a los peones disponibles a toda hora sin los derechos más básicos! ¡Qué bueno que juntos lográramos la Ley de responsabilidad Empresarial!

Ahora, más de un centenar de jinetes se sumarán al paro general del 15 de setiembre y marcharán desde las zonas rurales hasta el Centro de Montevideo en defensa del Instituto Nacional de Colonización y en respaldo a la plataforma del Pit-Cnt. La consigna es una de esas que la derecha no quisiera escuchar jamás: “¡Con Artigas; por las grandes mayorías nacionales! Que los más infelices sean los más privilegiados”.

Qué pena que no se hubieran movilizado antes para impedir que el herrerismo tomara el poder; pero más vale tarde que nunca. ¡Qué bueno que hoy marchemos juntos!

Frenteamplistas y sindicalistas estamos en contra de esta Rendición de Cuentas que en su artículo 243 dispone que la recaudación incremental del impuesto de Primaria puede destinarse a sueldos. El hecho es que, hasta ahora, el 63% de tal impuesto (unos 50 millones de dólares) se destina a los comedores; pero con esta medida, se sacará de este dinero para gastos salariales. El gobierno quiere recortar a como dé lugar y solo ve números donde debiera ver personas, sin valorar siquiera el trabajo que en forma honoraria realizan varios docentes para mantener las tres funciones básicas de los comedores escolares: la nutrición, la integración y la socialización. A Luis Lacalle le preocupa el problema de la obesidad (y está perfecto, ya que es un tema de salud); pero le preocupa poco el problema del hambre.

Por otra parte, la coalición derechista se ha negado a aprobar la solicitud de fondos de la UTEC. Esta negativa pone en peligro la continuidad de carreras en Fray Bentos, Rivera y Durazno y trunca los planes de expansión a Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres. Al INAU, que tiene más niñas y niños que atender que antes, ¡se le recortan 20 millones de dólares! Se ahorran 309 millones de dólares, pero no disminuyendo el costo de la clase política, sino que 86 millones se recortan en salarios, casi 100 en funcionamiento de escuelas, hospitales y centros CAIF y se restringen 124 millones en inversiones, entre otras de carácter social. Neoliberalismo salvaje.

Para eso no hay plata; pero sí para volver a beneficiar al Hotel Urban Express (Compra de Excepción 82/2021), de la familia de Verónica Alonso, por $ 10.173.492, para que la Fundación A Ganar (sí, la misma, otra vez) lo gestione como refugio. ¿Licitación? En otra ocasión. Gracias por preguntar.

Como sea, gracias, Seba, por tu aporte. Gracias por reconocer que el Frente Amplio pelea por los mismos sueños que los trabajadores. Ojalá tuvieras razón y el Frente Amplio y el Pit-Cnt fueran la misma cosa.
Ya que estamos, te agradecería reconocer que, sin lugar a dudas, la oligarquía y tu partido también son la misma cosa.

Desde Caras y Caretas 

Contamos con la autorizacion de Enrique Ortega Salinas para Radio Ciudadana

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