Ya nadie habla del exintendente de Soriano Agustín Bascou, condenado a cinco años de inhabilitación para ejercer actividades comerciales y/o manejar bienes propios o ajenos. En 2020 fue formalizado por haber vendido ganado que se encontraba prendado debido a un proceso concursal y renunció al Partido Nacional.
También de Soriano y del Partido Nacional era Ángel Humberto García Francia, destituido del BPS en 2015 por ineptitud para el ejercicio del cargo, ya que había tramitado jubilaciones de manera fraudulenta. El escándalo no le impidió volver a ser edil por dicho partido mucho tiempo después. Entre bomberos…
En noviembre fue formalizado el exdiputado por Colonia Edmundo Roselli (Partido Nacional) por cuatro libramientos de cheques sin fondo y nueve violaciones a la ley de prendas.
En abril de 2020, la Policía de Salto realizó un operativo para desarticular una banda de abigeos y comprobó que tanto el alcalde del Municipio Rincón de Valentín (por el Partido Colorado) como su hijo eran integrantes de aquella. ¿Grandes titulares? ¡Naaah! Ni lo sueñes.
Ya nadie recuerda el caso del diputado suplente Nicolás Ortiz (Ciudadanos) que fuera imputado en mayo de 2020 por explotación sexual de menores en el marco de la Operación Océano. También se olvidó rápidamente que, en julio de 2020, la Junta Departamental de Río Negro aprobó el pase a la Fiscalía de Fray Bentos y a la Jutep de las actuaciones en torno a las acciones del diputado blanco Omar Lafluf, ya que cuando era intendente compraba combustible en forma directa en una estación de servicio perteneciente a su propio hermano y al arquitecto Guillermo Bordoli, director de Obras de la intendencia y que también fuera candidato a diputado por el Partido Nacional.
En Artigas, Pablo Caram (Partido Nacional) fue reelecto, pese a estar pendientes de resolución judicial las denuncias por corrupción, nepotismo e irregularidades en licitaciones; pero ya pasó, no es tema para los grandes medios. Entre las acusaciones, figura la de beneficiar al constructor Rodrigo Jiménez. Ahora, tenemos documentos que demuestran que una de las empresas del constructor tiene como contacto (entre los datos fiscales) a Felipe Caram, hijo del intendente, cuyo estudio contable (Guruciaga) le llevaba la contabilidad a Jiménez, ganador de varias licitaciones. Para colmo, el socio de Felipe es Martin Guruciaga… ¡director de Hacienda de la intendencia de Pablo Caram!
Igual de rápido dejó de ser noticia el exedil del Partido Colorado y candidato a diputado en 2019 por el Partido de la Gente, Mauricio de Benedetti, condenado en agosto de 2021 por haber contrabandeado 25.000 cajillas de cigarros, traídos en lancha desde Argentina por el río Uruguay. El operativo realizado por personal de la Armada Nacional se realizó en el campo del político en Paysandú, quien intentó huir junto a otros cómplices, siendo detenido junto al propietario de la embarcación y otra persona que manejaba un tractor para trasladar la mercadería. Los disparos de los marineros no pudieron evitar que otros huyeran.
En Lavalleja, la Junta Departamental derivó a la Justicia el caso del edil Javier Urrusty, quien en el mes de febrero pretendió estafar a la Junta Departamental pasando boletas de combustible por un viaje realizado en su vehículo desde José Pedro Varela a Minas, cuando en realidad viajó en el vehículo de una colega. El edil logró su banca (ahora perdida) por medio de la lista 58 del Partido Nacional, la lista del actual intendente.
Lo más bochornoso es el monto de dinero por el cual una persona arriesga su posición y reputación; pero cosas peores han de pasar. Ni siquiera fue noticia.
Tres ediles de tres departamentos diferentes (todos del Partido Nacional) fueron condenados en agosto por la Justicia: Óscar Daniel Fracuelli Fernández (de Mercedes), condenado por “dos delitos de atentado violento al pudor, ambos en reiteración real”, delito cometido contra su hijastra desde que tenía siete años; el edil blanco Darwin Correa (de Maldonado), condenado por “lesiones personales dolosas” tras agredir al edil frenteamplista Nelson Lages en la Junta Departamental y un exedil blanco (de Paysandú) cuyo caso fue informado por Subrayado, sin dar el nombre, por haber agredido a puñetazos y puntapiés a su expareja.
En febrero de 2021, Pablo Gallo, que fuera edil por el Partido Colorado en Maldonado, fue condenado a 12 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba por haber maniobrado con terrenos en La Juanita. El político colorado tenía antecedentes por contrabando (1997), violencia doméstica (1999) y violencia privada (2012). Protagonizó otros escándalos, como el intento de evitar pagar una multa cuando conducía borracho y la agresión al edil frenteamplista Roberto Airaldi. Por los mismos días fue procesado el edil suplente del Partido Nacional Santiago Pettuto, por agredir a funcionarios de la Intendencia de Durazno por no cargarle nafta gratis.
En octubre, en Cerro Largo, Pablo Cáceres Pereira, que encabezaba la lista 195 del Partido Nacional a la Junta Departamental, fue enviado a prisión por amenazar, agredir y lesionar a su pareja. El dirigente ya tenía un antecedente penal por apropiación indebida. A fines de noviembre murió Ariel Blanco, quien conducía una moto llevando a un acompañante y fue embestido por el vehículo del edil del Partido Nacional Hugo Suárez, quien tenía, exactamente, el doble de alcohol en la sangre que el diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz, a quien se le requisaría el auto en diciembre por conducir con 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre. Al principio se negó a que le realizaran la espirometría, metiendo por delante su condición de diputado; pero finalmente pudieron hacerla.
A fines de marzo, en Dolores, el arquitecto y alcalde por el Partido Nacional Juan Andrés Oronoz (apoyado pública y fervorosamente por Sergio Puglia) fue condenado por haber contactado a un menor para obtener fotografías de contenido sexual por WhatsApp. También era del Partido Nacional el presidente de la Junta de Cerro Largo, Gustavo Viera, condenado en diciembre por pagar a un menor de edad para tener sexo.
Ya no se habla de que, en setiembre de 2020, el general (r) Guido Manini Ríos (que había prometido no ampararse en ninguna clase de fueros) tras ser convocado por la Justicia por no haber informado los crímenes confesados por un camarada de armas ante un tribunal de honor, se atrincheró en su banca.
Eso sí, ha vuelto a saltar un tema publicado por Caras y Caretas en agosto del año pasado. En abril de 2020, el diputado Gerardo Núñez Fallabrino elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior con relación al Servicio de Seguridad Presidencial; pero jamás obtuvo respuesta. El hecho es que el jefe del SSP, Alejando Andrés Astesiano Severgnini, habría sido procesado por estafa en el año 2002 y tiene no menos de 30 anotaciones por delitos de estafa, hurto y apropiación indebida, habiendo dado buen trabajo a innumerables reparticiones policiales.
Y aparte, esto…
Raúl Batlle (hijo del expresidente) dice que nunca le interesó la política ni tuvo aspiraciones políticas ni sabe cómo funciona el Parlamento, cosa que cuenta riéndose ante las cámaras. Que alguien me explique, como si fuera un niño de cinco años, por qué y para qué el Partido Colorado lo puso de senador. Mientras los apellidos sigan teniendo peso en las decisiones, tendríamos que dejar de vanagloriarnos de nuestra cultura cívica.
La coalición saca chispas por todas partes. Cabildo Abierto ha pedido la destitución de Sandra Etcheverry, representante del Partido Nacional en el directorio del Inisa.
Ni en el minúsculo Partido de la Gente hay paz. Edgardo Novick impugnó ante la Corte Electoral la elección del diputado Daniel Peña como presidente de tal agrupación. Peña es el mismo que continuó construyendo una vivienda en Punta Ballena de manera irregular pese a que se había dispuesto la detención de la obra. A diferencia de lo que se hizo con Óscar Andrade, su caso pasó como una golondrina por los medios de comunicación.
En menos de un año y medio, los que estaban preparados para gobernar han tenido cinco cambios en el gabinete. Uno no cuenta, ya que se ocasionó por el fallecimiento de Jorge Larrañaga, dejando la cartera del Interior a Luis Alberto Heber, que venía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de defender los intereses de la empresa belga Katoen Natie. Ernesto Talvi, del Partido Colorado, “renunció” el 1° de julio de 2020 al Ministerio de Relaciones Exteriores. En realidad, el presidente aceleró su alejamiento un nanosegundo después de que el canciller se pusiera a husmear en los gastos de la CARP y la CARU, que manejan más dinero que todo el ministerio. Curiosamente, los medios hegemónicos nunca comentaron nada de semejante coincidencia.
El 1° de mayo de este año Lacalle cesó a Pablo Bartol, titular del Mides. El 27 de junio cayó acribillado por fuego amigo Carlos María Uriarte, quien debió renunciar por exigencia del Partido Colorado, al cual pertenece. Tanto Uriarte como Talvi eran figuras del sector Ciudadanos y Sanguinetti se los comió en dos pancitos.
El 20 de agosto “renunció” Germán Cardoso al Ministerio de Turismo y en su lugar asumió Tabaré Viera, exintendente de Rivera y senador por el Partido Colorado, que debe saber de turismo lo mismo que yo de microbiología. La debacle de Cardoso comenzó cuando destituyó al director Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, por entorpecer la gestión del ministro; pero este ventiló que las diferencias surgieron cuando se negó a aprobar con su firma compras directas de publicidad de manera irregular.
Las remociones continúan batiendo récords. El ministro del Interior sustituyó hace unos días a los directores de las cárceles de Libertad, de Mujeres, Punta Rieles y del Polo Industrial Santiago Vázquez. No cuestionamos la decisión de Heber; pero es llamativa la cantidad de renuncias, cambios y destituciones realizadas por este gobierno en tan poco tiempo.
Como sea, por lo menos una de esas destituciones ha generado una razonable inquietud periodística y es la de Omar Vera, quien había asumido la dirección de la Unidad 6 de Punta Rieles del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en marzo de 2021 y elevó a la dirección del INR los resultados de una investigación sobre el tráfico de drogas en esa unidad. Las medidas adoptadas por Vera para combatir las ilicitudes (requisas, cierre de emprendimientos productivos utilizados para actividades irregulares, prohibición de entrada de determinados alimentos y aumento del control en las visitas) terminaron en un conflicto con los reclusos, que reclamaron su destitución. La exigencia se planteó al director del INR, Luis Mendoza (a quien Vera había elevado el informe) y al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González. No mucho después se cumplen las aspiraciones de los internos. La pregunta es si todo “volvió a la normalidad” y ahora pueden traficar sin ser molestados.
Por si fuera poco, Vera presentará una denuncia por homofobia contra el director de Seguridad Santiago González, argumentando que ese el verdadero motivo de su remoción.
En tanto, la motosierra no para. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) dispuso el cierre de Timbó Biblo, una plataforma que permitía a los universitarios acceder a libros y otros elementos digitales didácticos. También se rescindió el contrato del Mides con los cubanos que hacían prótesis de brazos, piernas, zapatos especiales y sillas de ruedas para personas sin recursos. Cuba proporcionó profesionales que solo entre 2015 y 2019 realizaron 15.000 intervenciones en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (Cenatt).
Tenía razón Gustavo Zubía: se terminaron el amor y la solidaridad. Ese tiempo ya pasó. Este es el tiempo del herrerismo.
“Este año con récord de ingresos en exportaciones de carne y soja, ¿no les aumentaron?¿Y el maldito derrame?” Gustavo Daniel Crepo (Facebook, con relación a la marcha de peones prevista para el 15 de setiembre)
La alianza entre los partidos políticos de derecha y los medios hegemónicos de desinformación, ambos sectores supeditados al suprapoder, es cada día más evidente. Ya no ocultan ni disimulan sus planes e intenciones. Desde el programa Santo y Seña, tanto el conductor como sus colaboradores, promueven el cierre de ALUR, tratando de idiotas a los uruguayos por tenerla. Desde el diario El País, casi no hay semana en que no se arremeta con virulencia contra los representantes sindicales de los trabajadores, sobre todo y casualmente contra los de aquellas empresas públicas que el herrerismo intenta privatizar o cerrar para que sus amigos inversores se apoderen del botín.
¿No es lo mismo?
En el marco de esta embestida, los medios le dedicaron tres semanas a Óscar Andrade por estar construyendo su vivienda de manera irregular. ¿Estuvo mal? Claro que sí; metió la pata y que pague las multas que deba pagar. Ahora, resulta que el recientemente designado presidente del Partido de la Gente, diputado Daniel Peña, se estaba construyendo su casa de manera irregular en Punta Ballena; pero la noticia apenas dio para un par de días y no ameritó un editorial de El País como sí se hizo en honor al Boca. La diferencia no estaba en la gravedad de los hechos; sino en que Óscar no es miembro de la coalición gobernante. La verdad es que no es tan grave ni lo de uno ni lo del otro. Está mal; pero tampoco es para fusilarlos en la plaza pública. Pero la importancia de uno y otro hecho lo deciden los titiriteros de los periodistas y analistas que operan para la derecha.
Si las amenazas de tinte mafioso proferidas por la vicepresidente Beatriz Argimón contra Fernando Cristino las hubiera realizado Raúl Sendic en su momento, todavía le estarían dando palo; y si Yamandú Orsi o Andrés Lima hubieran hecho lo que hizo Carlos Moreira en Colonia, no les darían un minuto de respiro en los medios hegemónicos, mientras que Nacho Álvarez desplegaría a un ejército de investigadores en Canelones y Salto para descubrir alguna otra víctima de acoso sexual por parte del intendente. Y si, pese al escándalo, el Frente Amplio aceptara a uno de ellos que se presentara a las elecciones (pese a haber sido expulsado) usando el lema del partido, ¡mamma mía! Y si hubiera sido Raúl Sendic quien en plena crisis gastara 18.000 dólares en dos cuadros, y no Beatriz Argimón, se dedicarían programas enteros a investigar sus vínculos políticos, comerciales y personales con el pintor.
Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Tribunal de Cuentas y el BROU observaron las compras directas realizadas por el Ministerio de Turismo en publicidad; pero no es noticia. Tampoco dio para mucho que tanto la Jutep como el TCR observaran la contratación que hizo la Intendencia de Rocha a la Fundación A Ganar por ser evidente que se trató de negocios entre familiares. Entre blancos, bah.
El abogado de Katoen Natie, Augusto Antonio Durán Martínez, integra el Comité de Ética del Partido Nacional y fue subsecretario de la Presidencia durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera; pero no es escandaloso y ningún medio de derecha ha mencionado nada al respecto.
En Mercedes, un exedil blanco, padrastro de una niña, y el abuelo paterno, fueron condenados por abusar sexualmente de ella desde que tenía siete años. El político blanco Óscar Daniel Fracuelli Fernández, fue condenado por “dos delitos de atentado violento al pudor, ambos en reiteración real”, mientras que su esposa fue condenada por “un delito continuado de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”.
En Paysandú, a mediados de agosto, otro exedil blanco fue condenado; en este caso, por haber agredido a puñetazos y puntapiés a su expareja. La noticia fue pasada por un canal capitalino; pero omitiendo el nombre del condenado. Días después, en Maldonado, el edil blanco Darwin Correa fue condenado por “lesiones personales dolosas” tras agredir al edil frenteamplista Nelson Lages por cuestiones políticas en la Junta Departamental. Las cámaras no dejaron lugar a discusión sobre quién fue el agresor. ¿Y si hubiera sido al revés? ¿Acaso no estarían repitiendo las imágenes con tanta insistencia como las del “asesino de La Pasiva”? ¿No harían programas completos dedicados al análisis de la violencia izquierdista que padece nuestro país? ¿Y si los violadores de la criatura hubieran sido frenteamplistas?
¿Y si hubiera sido el Frente Amplio que hubiera contratado a la fundación Uruguay Adelante y se descubriera que se entregó comida podrida a una olla popular? ¿Y si hubiera sido la exministra de Turismo frenteamplista, y no Germán Cardoso, quien hubiera comprado en forma directa a la papelería Folder un rollo de papel higiénico por 198.128 pesos? ¿Y si el Pepe nos hubiera pasado como gastos de Presidencia 47.000 pesos mensuales por concepto de manutención de Manuelita?
Llegan los blancos al poder y los radares, para alegría de los narcos, dejan de funcionar. Culpan al Frente Amplio, por supuesto, pero el Ministerio de Defensa gastó 377.000 dólares en contratar en forma directa a la empresa ITBS desde el 23 de abril de 2021 para mantenerlos y el Frente Amplio hace un año y medio que nada tiene que ver con este asunto. ¿Dónde quedó lo de “hacerse cargo?
¿Es lo mismo?
Fernando Pereira es ahora un doble objetivo de estos operadores, porque no solo es dirigente sindical, sino que puede llegar a ser presidente del Frente Amplio, el partido político más grande de Uruguay, tanto, que cinco partidos tuvieron que unirse para ganarle raspando. La derecha y sus peones buscarán destrozarlo en cualquiera de ambos roles.
Durante el programa Esta boca es mía, en canal 12, el panelista de derecha Fernando Marguery intentó descalificar al Pit-Cnt y a todo el Frente Amplio diciendo: “Están luchando contra un modelo que es el que ganó y no lo dejan caminar”. “Es poco democrático no dejar caminar al que ganó, lo cual me confirma a mí que dentro del Pit-Cnt y dentro del FA hay fuerzas totalitarias”.
Asombrado, Fernando Pereira contestó: “¿Sabe cuál fue el año de menos conflictividad de los últimos 25 años? El año pasado. ¿Y ellos dicen que les ponemos palos en la rueda? ¡Pero no estudian lo mínimo! Hay que estudiar un poquito la realidad, analizarla; no tirar bolazos al aire”.
«Para mí es lo mismo el Pit-Cnt y el FA. Para mí es lo mismo».
«¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando nos declararon la esencialidad de la educación, no la aceptamos y fuimos a la huelga. 17 paros generales en 15 años de gobierno».
Parece que para Marguery, la democracia implica que la oposición se cruce de brazos mientras el gobierno hace cualquier desastre y los trabajadores acepten en silencio que les rebajen el salario real y el poder de compra mientras los gobernantes se aumentan los sueldos y hacen grandes negociados. En su planteo, ningún legislador debería oponerse a un proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo y nadie que esté en contra de algunas medidas debería ejercer los derechos que le confiere la Constitución. A Marguery, como a todo derechista, le molesta que los trabajadores se unan para reclamar mejores condiciones laborales y más justicia social. Le indigna (no lo oculta para nada) que un trabajador pueda llegar a presidir al Frente Amplio; pero no le molesta cuando los grandes empresarios llegan a puestos políticos relevantes. No le molesta la Federación Rural; le rechina el Sipes (Sindicato de Peones de Estancia).
No fue casual que por esos mismos días el senador blanco Sebastián Da Silva dijera que «El FA y el Pit-Cnt son la misma cosa».
La verdad es que no somos lo mismo; pero estamos haciendo los mejores esfuerzos por lograrlo. Tenemos los mismos sueños, cantamos las mismas canciones, andamos los mismos caminos y nuestras lágrimas y risas siempre fueron hermanas.
¡Qué bueno que los trabajadores tengan un partido que lucha por sus mismos objetivos! ¡Qué bueno que exista un partido con innumerables militantes que sufrieron cárcel, torturas y muerte por defender los mismos principios que el movimiento sindical! ¡Qué bueno que un albañil, Óscar Andrade, sea nuestro senador más brillante! ¡Qué bueno que gracias al Frente Amplio y el Pit-Cnt, trabajando en conjunto, hayamos logrado el fin de la explotación laboral a que estaban sometidos los trabajadores rurales, logrando el régimen de ocho horas, aun cuando un tal Luis Lacalle Pou estaba en contra y pretendía continuar con aquel sistema que tenía a los peones disponibles a toda hora sin los derechos más básicos! ¡Qué bueno que juntos lográramos la Ley de responsabilidad Empresarial!
Ahora, más de un centenar de jinetes se sumarán al paro general del 15 de setiembre y marcharán desde las zonas rurales hasta el Centro de Montevideo en defensa del Instituto Nacional de Colonización y en respaldo a la plataforma del Pit-Cnt. La consigna es una de esas que la derecha no quisiera escuchar jamás: “¡Con Artigas; por las grandes mayorías nacionales! Que los más infelices sean los más privilegiados”.
Qué pena que no se hubieran movilizado antes para impedir que el herrerismo tomara el poder; pero más vale tarde que nunca. ¡Qué bueno que hoy marchemos juntos!
Frenteamplistas y sindicalistas estamos en contra de esta Rendición de Cuentas que en su artículo 243 dispone que la recaudación incremental del impuesto de Primaria puede destinarse a sueldos. El hecho es que, hasta ahora, el 63% de tal impuesto (unos 50 millones de dólares) se destina a los comedores; pero con esta medida, se sacará de este dinero para gastos salariales. El gobierno quiere recortar a como dé lugar y solo ve números donde debiera ver personas, sin valorar siquiera el trabajo que en forma honoraria realizan varios docentes para mantener las tres funciones básicas de los comedores escolares: la nutrición, la integración y la socialización. A Luis Lacalle le preocupa el problema de la obesidad (y está perfecto, ya que es un tema de salud); pero le preocupa poco el problema del hambre.
Por otra parte, la coalición derechista se ha negado a aprobar la solicitud de fondos de la UTEC. Esta negativa pone en peligro la continuidad de carreras en Fray Bentos, Rivera y Durazno y trunca los planes de expansión a Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres. Al INAU, que tiene más niñas y niños que atender que antes, ¡se le recortan 20 millones de dólares! Se ahorran 309 millones de dólares, pero no disminuyendo el costo de la clase política, sino que 86 millones se recortan en salarios, casi 100 en funcionamiento de escuelas, hospitales y centros CAIF y se restringen 124 millones en inversiones, entre otras de carácter social. Neoliberalismo salvaje.
Para eso no hay plata; pero sí para volver a beneficiar al Hotel Urban Express (Compra de Excepción 82/2021), de la familia de Verónica Alonso, por $ 10.173.492, para que la Fundación A Ganar (sí, la misma, otra vez) lo gestione como refugio. ¿Licitación? En otra ocasión. Gracias por preguntar.
Como sea, gracias, Seba, por tu aporte. Gracias por reconocer que el Frente Amplio pelea por los mismos sueños que los trabajadores. Ojalá tuvieras razón y el Frente Amplio y el Pit-Cnt fueran la misma cosa. Ya que estamos, te agradecería reconocer que, sin lugar a dudas, la oligarquía y tu partido también son la misma cosa.
Desde Caras y Caretas
Contamos con la autorizacion de Enrique Ortega Salinas para Radio Ciudadana
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